Senado aprueba ley de amnistía para delitos no violentos con enfoque en mujeres y jóvenes

El Senado de la República aprobó el 11 de noviembre de 2025, con 78 votos a favor (Morena, PT y PVEM), 28 en contra (PAN y PRI) y 4 abstenciones (MC), reformas a la Ley General de Amnistía que amplían los beneficiarios a 4,500 personas procesadas o sentenciadas por delitos no violentos, priorizando mujeres en situación de vulnerabilidad y jóvenes menores de 30 años sin reincidencia. El dictamen, impulsado por la Comisión de Justicia, fue turnado a la Cámara de Diputados para su ratificación y posterior promulgación por el Ejecutivo.

Las reformas incorporan amnistía para delitos contra la salud (narcomenudeo, posesión simple) cometidos por pobreza extrema, coerción familiar o reclutamiento forzado por crimen organizado, siempre que no involucren violencia o armas. Se extiende a mujeres procesadas por aborto (todas las modalidades), incluyendo médicas y parteras, y a indígenas sin acceso a defensa culturalmente adecuada. Para jóvenes, el foco está en "primo-delincuentes" por robo simple o hurto, excluyendo reincidentes o casos con impacto social grave. La Comisión Nacional de Amnistía, adscrita a la Secretaría de Gobernación, resolverá solicitudes en un plazo máximo de 90 días, con notificación automática al juzgado correspondiente.

El procedimiento inicia con solicitud ante la Comisión, adjuntando expediente penal, prueba de vulnerabilidad (certificado de pobreza o informe psicológico) y declaración jurada de no reincidencia. Se excluyen delitos como homicidio, secuestro, feminicidio, trata, corrupción o uso indebido de programas sociales. Hasta octubre de 2025, la ley original (vigente desde 2020) liberó a 2,800 personas, principalmente mujeres (62%) e indígenas (18%), reduciendo hacinamiento carcelario en 1.2% según datos de la CNDH.

Las reformas responden a la revisión quinquenal mandatada por el artículo 10 de la ley, incorporando datos de la Encuesta Nacional de Población Privada de la Libertad 2024, que reporta 45% de internos por delitos no violentos en contextos de marginación. El presupuesto asignado es de 150 millones de pesos para 2026, financiando defensores públicos y evaluaciones.

Desde una perspectiva centrada en hechos: la aprobación consolida el enfoque restaurativo del sistema penal, alineado con estándares de la CIDH (caso Atala Riffo vs. Chile, 2012), pero el 35% de beneficiarios potenciales son mujeres por aborto en estados con despenalización incompleta (INEGI 2025), lo que mitiga desigualdades de género sin resolver la federalización pendiente. Para jóvenes, el 28% de liberaciones previas recayeron en 18 meses (CNDH 2024), destacando la necesidad de programas de reinserción obligatorios ausentes en el dictamen. La exclusión de reincidentes reduce riesgos de impunidad, pero la discrecionalidad de la Comisión (sin apelación vinculante) ha generado 12% de denegaciones arbitrarias en 2024, según México Evalúa. El impacto neto alivia prisiones (capacidad al 120%), pero exige monitoreo para evitar percepción de lenidad en delitos menores, donde la tasa de resolución judicial es solo 22%.