Acuerdo federal en Guanajuato: Incremento del 25% en precio del maíz blanco tras protestas de productores en el Bajío

A finales de octubre de 2025, productores de maíz blanco en el Bajío, principalmente en Guanajuato, Jalisco y Michoacán, iniciaron protestas con bloqueos de carreteras y vías férreas en al menos 20 estados del país. Estas acciones demandaban un precio de garantía de 7,200 pesos por tonelada, ante la caída de la producción nacional a 20.3 millones de toneladas en 2024 —el nivel más bajo en 12 años— y precios internacionales bajos. El 27 de octubre, tras mesas de diálogo en la Secretaría de Gobernación, la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (Sader) anunció un acuerdo que establece un precio mínimo de 6,050 pesos por tonelada, equivalente a un incremento del 25% sobre el mercado internacional (alrededor de 4,840 pesos). Este esquema, vigente hasta marzo de 2026, incluye apoyos adicionales de 950 pesos por tonelada y beneficia a más de 90,000 productores con parcelas de hasta 20 hectáreas. El acuerdo se centra en Guanajuato como epicentro, donde los bloqueos paralizaron siete tramos carreteros.

Detalles del Acuerdo:

- Precio base: 105 dólares (aproximadamente 2,000 pesos) por tonelada como mínimo garantizado, con una base estandarizada de zona de consumo en 143 dólares (2,700 pesos) y una base regional máxima de 38 dólares para Guanajuato, Jalisco y Michoacán.

- Apoyos complementarios: Subsidio de 950 pesos por tonelada, créditos a tasa del 8,5% anual y seguros agropecuarios para mitigar riesgos.

- Alcance: Aplicado al ciclo Primavera-Verano 2025, prioriza la comercialización ordenada y da certidumbre a la planeación agrícola. No cubre estados como San Luis Potosí o Puebla, donde persisten bloqueos.

- Impacto estimado: Eleva ingresos de productores en hasta 25%, pero queda por debajo de la demanda original de 7,200 pesos, lo que ha generado críticas por no cubrir costos de producción estimados en 6,500-7,000 pesos por tonelada.

El secretario de Sader, Julio Berdegué, calificó el ajuste como "el mayor respaldo en una década", aunque productores independientes lo rechazan por beneficiar principalmente a grandes acopiadores como Maseca y Minsa.

Las manifestaciones, convocadas por la Unión Nacional de Trabajadores Agrícolas (UNTA) y el Frente Nacional para el Rescate del Campo Mexicano, incluyeron cierres en puntos estratégicos como la carretera a Puerto Vallarta y accesos a puertos. En Guanajuato, el epicentro, agricultores paralizaron vías el 31 de octubre, exigiendo además la exclusión de granos básicos del T-MEC, una banca de desarrollo agropecuario y revisión de la Ley Nacional del Agua. El gobierno estatal de Guanajuato destinó 150 millones de pesos extras para amortiguar diferencias de precios. Para el 7 de noviembre, la mayoría de bloqueos en el Bajío se levantaron, pero persisten en regiones excluidas del acuerdo.

Reacciones

- Productores: Dirigentes del Bajío aceptaron el esquema como "paso adelante", pero grupos independientes anunciaron nuevas movilizaciones, acusando favoritismo regional y amenazas de la Fiscalía General de la República (FGR) contra líderes.

- Gobierno: La Sader enfatiza que el acuerdo ordena mercados y atiende necesidades de consumo nacional, con énfasis en la soberanía alimentaria.

- Industria: Acopiadores cedieron en negociaciones, integrando el subsidio al precio final de alrededor de 6,000 pesos por tonelada.

Desde una perspectiva centrada en hechos: El acuerdo resuelve parcialmente la crisis inmediata en el Bajío, donde Guanajuato representa el 15% de la producción nacional de maíz blanco, pero excluye a otros estados con volúmenes similares, como San Luis Potosí (superficie sembrada comparable). La producción cayó 12% en 2024 por sequías y precios globales bajos (influenciados por exportaciones de EE.UU.), lo que presiona la balanza comercial mexicana con un déficit de 5,000 millones de dólares en granos. Históricamente, los precios de garantía han fluctuado: en 2014-2019 promediaron 4,000-5,000 pesos, ajustados por inflación. Este esquema temporal (hasta 2026) no aborda demandas estructurales como subsidios a maquinaria o competencia desleal bajo el T-MEC, y podría elevar costos al consumidor en 5-10% si se traslada a tortillas y alimentos básicos. Datos de Sader indican que el 70% de productores en el Bajío son pequeños (menos de 5 hectáreas), con ingresos promedio de 50,000 pesos anuales, por debajo del salario mínimo rural.