Congreso aprueba Presupuesto 2026 con recortes a órganos autónomos y aumento en seguridad

La Cámara de Diputados aprobó el 6 de noviembre de 2025 el Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) 2026 por 10 billones 193 mil 683 millones de pesos, un incremento real de 5.9% respecto a 2025. Tras 21 horas de sesión, la mayoría de Morena, PT y PVEM impuso 12 reservas que reasignan 17 mil 788 millones de pesos, principalmente de órganos autónomos hacia educación, ciencia y medio ambiente.

Los recortes clave afectan al Poder Judicial (15 mil 805 millones menos, enfocados en el Órgano de Administración Judicial y la SCJN), al INE (mil millones), a la FGR (933 millones) y a la CNDH (50 millones). Estos ajustes responden a la iniciativa ejecutiva de priorizar gasto social sin elevar el techo global, pero dejan los ramos autónomos con 149 mil 220 millones en total, un nominal 4.1% más que 2025, aunque inferior a la inflación proyectada y a sus solicitudes originales.

En seguridad, el rubro de Orden Público y Seguridad Interior crece 17.6% real (11 mil 120 millones adicionales) para equipamiento, capacitación y operativos locales. Salud sube 5.8% (965 mil millones totales) y educación recibe 10 mil 842 millones extra de las reasignaciones. Participaciones a estados y municipios aumentan 3% nominal, alcanzando 2.8 billones.

Desde una perspectiva centrada en hechos: los recortes a contrapesos institucionales reducen su capacidad operativa en un año preelectoral y con reformas judiciales en curso, lo que concentra más recursos en el Ejecutivo. El aumento en seguridad es positivo en papel, pero opositores documentan una caída neta de 10-21 mil millones en fondos municipales comparado con 2025, coincidiendo con el asesinato de Carlos Manzo, alcalde de Uruapan, usado en el debate.

El PEF prioriza 14 programas sociales (pensiones, becas) y corrige errores como el recorte inicial a la UdeG (4 mil 900 millones devueltos). Entra en vigor el 1 de enero de 2026 tras publicación en el DOF. Los números confirman disciplina fiscal, pero la reasignación unilateral evidencia que la mayoría legislativa decide sin consenso, un patrón que debilita el federalismo y la autonomía presupuestal.